Los agentes fiscales antidroga, Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, quienes investigan la causa denominada “Pavo Real II”, presentaron imputación en contra de Alexandre Rodrigues Gomes por los hechos punibles tipificados en los artículos 26, 27, 42 y 44 de la Ley N° 1340/88 y su modificatoria, la Ley N° 1881/02; en concordancia con el artículo 29 inc. 2° del Código Penal. Los hechos atribuidos hacen referencia a la exportación, tenencia, comercializacion de sustancias peligrosas, así como la asociación para delinquir.
El equipo de fiscales comunicaron al Juzgado Penal de Garantías Especializado en Crimen Organizado la atribución de los nuevos hechos a Alexandre Rodrigues Gomes. El juzgado aceptó el escrito y se prevé para el próximo miércoles 11 de diciembre la realización de la audiencia de imposición de medidas.
Los hechos atribuidos a Alexandre Rodrigues Gomes, quien es hijo de un expolitico y diputado nacional por Amambay, hacen referencia a que el mismo formaría parte de una organización criminal de carácter transnacional, que estaría compuesta por ciudadanos de nacionalidad paraguaya, brasileña y boliviana. Todos ellos operarían principalmente en el territorio nacional, concretamente en las ciudades fronterizas del departamento de Amambay.
Las presuntas actividades ilícitas identificadas incluirían todas las etapas del tráfico de sustancias ilícitas, desde la negociación, coordinación y adquisición de productos como cocaína, pasta base y marihuana, provenientes de zonas de producción, hasta las etapas finales de distribución y colocación en diversos mercados de consumo.
Conforme a los hechos expuestos en el escrito de imputación se revela que el modus operandi de la organización criminal a la que pertenecería Alexandre Rodrigues Gomes, habría consistido en el envío sistemático de sustancias estupefacientes hacia Brasil, previamente adquiridas en Bolivia.
Las operaciones criminales habrían incluido la recepción de aeronaves provenientes de Bolivia, cargadas con pasta base y cocaína, que aterrizaban en pistas presumiblemente clandestinas situadas en establecimientos rurales estratégicamente ubicados en Amambay. Posteriormente, las sustancias ilícitas eran trasladadas al territorio brasileño, mediante diversos medios de transporte.
Además, se habría identificado una dinámica específica en la utilización de la aplicación de mensajería SKY ECC por parte de la organización criminal, la que habría consistido en la creación de grupos exclusivos entre sus miembros, establecidos específicamente para la coordinación de actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
En estos grupos, se habrían discutido y organizado aspectos operativos de carácter colectivo, tales como la asignación de pistas clandestinas de aterrizaje, la provisión de combustible para las aeronaves, la designación de frecuencias de radio aeronáutica y la confirmación del descenso de aeronaves, a través de códigos preestablecidos, conocidos como "santo y seña", que eran acordados entre el piloto y el operador de pista.
Asimismo, como paso final en esta dinámica, se presume que los miembros del grupo esperaban la confirmación del operador de pista sobre el aterrizaje exitoso de la aeronave y la cantidad de sustancia ilícita recibida. Una vez concluida la operación, los integrantes del grupo abandonaban el chat colectivo, lo cual se interpretaría como una señal de que la actividad se había completado exitosamente.
En ese sentido, estos eventos señalarían que la organización criminal, durante el periodo que comprende 27 de noviembre de 2019 al 16 de agosto de 2020, habría explotado las funciones de anonimato y cifrado que ofrecía la plataforma, lo cual garantizaba un entorno confidencial para la comunicación y minimizaba el riesgo de detección por parte de las autoridades.