Imputan a funcionarios y exmagistrados por presunta producción y uso de documentos no auténticos

El agente fiscal Leonardi Guerrero, titular de la Unidad Penal N° 17 de la capital, presentó imputación por la presunta comisión del hecho punible de Producción de Documentos no Auténticos en su modalidad de Uso. El caso afecta a profesionales del ámbito legal y a funcionarios de instituciones vinculadas a la magistratura.

La representación fiscal individualizó la probable participación de los investigados en calidad de autores, una exactuaria judicial de Curuguaty, un asistente fiscal de Coronel Oviedo, un exmagistrado judicial, una actual jueza penal de Liquidación y Sentencia de Pedro Juan Caballero. En calidad de cómplice, un funcionario del Archivo del Consejo de la Magistratura. En calidad de instigador, un funcionario de la Escuela Judicial.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, quienes fueron imputados en calidad de autores figuran como postulantes a cargos en la judicatura convocados por el Consejo de la Magistratura a través de distintos edictos.

Con el objetivo de sumar puntuaciones en las evaluaciones y eventualmente integrar ternas para cargos de jueces, fiscales o defensores públicos, se habrían utilizado copias adulteradas de diversos documentos académicos. Entre ellos se mencionan notas de actualizaciones de legajos, certificados de escuela judicial, constancias de formación continua de instituciones privadas y certificados de especializaciones.

Específicamente, las indagaciones de la Unidad Penal constataron que se utilizó la copia de un certificado de especialización en Derecho Procesal Penal originalmente dictado por la Universidad Privada del Este a favor de otra profesional. Dicho documento habría sido modificado con los datos personales de los postulantes para ser ingresado al sistema a través de la página web.

La hipótesis fiscal señala que la recepción y carga de estos documentos apócrifos en la plataforma digital habría sido facilitada por el funcionario de Archivo del Consejo de la Magistratura y el funcionario de la Escuela Judicial. Ambos habrían actuado en connivencia para favorecer de manera irregular a los concursantes en las ponderaciones que realiza la institución al momento de integrar las ternas.