El agente fiscal Itálico Adriano Rienzi, titular de la Unidad Penal n° 2 de la Fiscalía Zonal de Mariano Roque Alonso, presentó formal acusación y solicitó la apertura a juicio oral y público para una mujer. La acusada está procesada por su presunta responsabilidad en el fallecimiento de su hijo de 9 años, quien padecía una grave cardiopatía congénita de nacimiento y se encontraba en un estado de severa desnutrición.
La calificación jurídica formal del Ministerio Público atribuye a la acusada la presunta comisión de los hechos punibles de homicidio doloso (dolo indirecto o eventual por omisión), Lesión Grave por dolo indirecto por omisión, violación del deber de cuidado y omisión de auxilio, en concordancia con el artículo 70 del Código Penal sobre varias lesiones a la ley penal, en calidad de autora.
Los hechos bajo investigación se desarrollaron de forma continua desde el 3 de diciembre de 2021 hasta el 17 de noviembre de 2025 en una vivienda del Barrio Remanso de Mariano Roque Alonso. La víctima, un niño de 9 años, padecía de una patología congénita denominada Tetralogía de Fallot, una anomalía cardíaca que provoca una deficiente oxigenación sanguínea y que requiere de intervenciones quirúrgicas tempranas y rigurosos controles médicos periódicos.
Según la acusación fiscal, la madre, contando con la posición de garante sobre la vida y salud de su hijo, y poseyendo la capacidad económica real como funcionaria de la municipalidad local, habría interrumpido de manera absoluta los tratamientos, consultas especializadas y el seguimiento médico del menor desde diciembre de 2021. Los tratamientos se realizaban previamente en centros asistenciales públicos y gratuitos como el Hospital de Clínicas y el Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu.
El 12 de noviembre de 2025, ante la ausencia de la madre y el notable deterioro del niño (quien presentaba un cuadro de vómitos de 72 horas de evolución), su hermana adolescente de 15 años lo trasladó de urgencia en brazos y descalza hasta el Hospital Distrital de Mariano Roque Alonso. El menor ingresó a pediatría con deshidratación, dificultad respiratoria severa, cianosis generalizada, un nivel de saturación de oxígeno de apenas el 42% y un peso de 16,3 kilogramos, marcadamente inferior al adecuado para su edad.
De acuerdo al relato testifical, al enterarse de la internación, la hoy acusada se constituyó en el nosocomio donde, lejos de auxiliar al menor, recriminó a su hija por haber llevado al niño al hospital. El menor permaneció internado hasta que se constató su fallecimiento el 17 de noviembre de 2025.
La investigación fiscal constató que la acusada ya contaba con antecedentes de denuncias ante las instancias jurisdiccionales de la Niñez y la Adolescencia. En marzo de 2024, el servicio Fono Ayuda 147 emitió una alerta por falta de escolarización, encierro y falta de higiene del menor. Posteriormente, en febrero de 2025, el Ministerio de la Defensa Pública le notificó formalmente una advertencia sobre sus derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad debido a situaciones de maltrato familiar, las cuales fueron desoídas por la progenitora.
El fiscal de la causa fundamentó que los elementos de convicción colectados durante la etapa preparatoria otorgan un sustento para que el Juzgado Penal de Garantías n° 1 de Luque eleve la causa a la instancia de un Juicio Oral y Público.